Resumen: Solicitud de extradición para enjuiciamiento de hechos calificados en Marruecos como formación de una banda y alianza para la organización y facilitación de la salida de personas marroquíes fuera del territorio nacional de manera clandestina y habitual. Concurre el principio de doble incriminación, al ser aplicable el tipo agravado de inmigración ilegal. VOTO PARTICULAR: considera que no concurre el requisito de la doble incriminación, al penarse en Marruecos la salida clandestina de sus nacionales, lo que no tiene equivalente en el derecho español.
Resumen: La resolución impugnada acuerda la resolución del contrato de obra para la construcción de un aeródromo por incumplimiento de la UTE contratista, alegándose que no concurre culpa, puesto que el incumplimiento se produjo por aumentos de costes de materiales por la situación de pandemia y la guerra de Ucrania. En la sentencia se considera que ha quedado acreditado el alza extraordinaria de los precios como causa justificativa de la decisón de la contratista de no ejecutar el contrato, en un incremento del 46,61% del precio según la pericial practicada, habiendo transcurrido un periodo de casi catorce meses desde la fecha de finalización del plazo para la presentación de las ofertas y el acta de reinicio de la ejecución del contrato, lo cual es imputable a la Administración. Este alza extraordinaria e imprevisible de los precios de los materiales ha tenido reconocimiento normativo posterior en la legislación estatal y autonómica. En estas condiciones, se considera desproporcionada la decisión de incautación de la fianza y la indemnización de daños y perjuicios, pues en modo alguno estamos en un supuesto de inejecución flagrante e injustificada, sino ante un dilema de difícil decisión para la UTE que es consciente ha firmado la ejecución de un contrato y constata que, antes de comenzarla, ya no podrá llevarla a cabo, ante la magnitud del aumento del precio de los materiales necesarios, pudiendo hablarse, sin lugar a dudas, de un supuesto de ruptura de la equidad.
Resumen: La sentencia estima las acciones rescisorias de pagos, abonos, amortizaciones y cancelaciones que la concursada hizo en favor de un banco para cancelar posiciones deudoras. Esos negocios obedecían a financiación del circulante. La cuestión que estudia la Audiencia es si el comportamiento del banco fue conceder un préstamo o, más bien ampliar una línea de crédito. Sí fue un crédito, pero la puesta a disposición sí supone un desplazamiento patrimonial, de tal manera que su devolución por sí o para cancelar otras deudas con el mismo banco también es desplazamiento patrimonial. Sin embargo, para determinar si ha habido sacrificio patrimonial injustificado es preciso examinar la operación en su conjunto y no crédito por crédito. Es preciso tener en cuenta las modificaciones legislativas respecto a los acuerdos de refinanciación. Requisitos que los hacen resistentes a las acciones rescisorias. Es decir, ampliación del plazo para devolver y con el apoyo de la garantía de un préstamo ICO, que sirve para absorber los créditos anteriores derivados de otros instrumentos de financiación, sin ninguna carga adicional. Esto libera recursos de tesorería y aplazar vencimientos. Lo que no constituye perjuicio para el resto de acreedores ni beneficio adicional al banco refinanciador.
Resumen: La sentencia de instancia desestima la demanda que sobre despido disciplinario había interpuesto el actor, se le imputaban reiteradas ausencias de su puesto de trabajo y sin que se hubiera incorporado a su puesto de trabajo cunado fue requerido sin que hubiera un consentimiento tácito de la empresa desestimándose la excepción de prescripción. Frente a la sentencia se interpone recurso de Suplicación por el trabajador reiterando la prescripción de las faltas imputadas, recurso que es desestimado. Por la Sala se desestiman los motivos de revisión de hechos probados y en cuanto a los motivos de denuncia jurídica, la única cuestión que se debate es si estaban prescrito los hechos que se le imputan. Comparte la Sala el criterio de instancia que los hechos imputados al trabajador no son aislados sino que es una conductas repetida y continuada. Lo que significa en este tipo de casos que el cómputo del inicio de la prescripción habría sido iniciado cuando el último acto de la cadena de infracciones tenga lugar, al tener un denominador común, por tener una unidad de propósito. El inicio del cómputo no puede ubicarse hasta que no desaparezca por completo el incumplimiento, en este caso el abandono de la conducta de falta de prestación de servicios por lo que no estaría prescrita la falta, confirmándose la sentencia.
